Perceptores de ayudas

Llegó a Vitoria-Gasteiz desde Eibar o desde Oñate o desde Alegría o Betoño, de la mano de un "curro". Hasta ahora, separada, con dos hijos a su cargo, se arregla como puede con la pensión que recibe del padre de sus hijos y de su propio trabajo para pagar el piso de alquiler social y seguir vivendo.  Se llama Marian o Estitxu o Carmen o Ainhoa trabajaba para la Administración Local o en CEGASA o, hasta que fue despedida como consecuencia de los ajustes, Planes de empleo o el eufemismo que se elija.

Deja de cobrar la pensión de alimentos cuando el padre de sus hijos queda en el paro. Poco después  su propio puesto de trabajo es amortizado. Al principio se arregla con el paro y liquidando los pocos ahorros que había podido juntar.

Hace valer sus derechos subjetivos recurriendo a las ayudas del Gobierno Vasco (Renta de Garantía de Ingresos), pero descubre que tras largas colas, entrega de documentaciones exhaustivas  paso por el Juzgado para reclamar la pensión de alimentos que, evidentemente, no le pueden pagar; su expediente no aparece, la cita se retrasa, las ayudas no llegan y deja de pagar el alquiler de la vivienda que le calcularon sobre los ingresos de la Declaración de la Renta del año anterior y que corresponden al 2010 y que superan a alquileres libres.

Intenta negociar con Vivienda del Gobierno Vasco desde donde le informan que no sólo se inicia expediente de desahucio, sino que no debe renunciar a la vivienda para buscar otra de menor alquiler porque ello implica sanción. Y no estar en las listas impide el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos.

Por otra parte, empieza el curso escolar y descubre que las becas de apoyo a libros han desaparecido, acceder a las becas de educación del Gobierno Vasco para las becas de material escolar y comedor, al calcularse sobre los ingresos de la declaración de la renta del año anterior (dos años, 2010) tampoco le corresponden.

Recurre a los Servicios Sociales Municipales donde le comunican que  por orden de los políticos de turno se han dejado de facilitar adelantos sobre prestaciones. Se priorizan las ayudas no dinerarias o en especie sobre las dinerarias. No puede acceder al Comedor de Desamparadas porque es para personas solas, no para familias, ... Se encuentra, prácticamente en la calle, sin comida.

Desde los Servicio Sociales municipales se le plantea la plantea la posibilidad de facilitarle un "vale" para un supermercado de la ciudad entendiendo que adquirirá alimentos de primera necesidad y de marca blanca, e informándole que la técnico deberá realizar un informe de su caso para conocimiento de los políticos de turno.

Esta incertidumbre está afectando a su salud, sus hijos están estigmatizados como perceptores de ayudas y todo esto ha sucedido en apenas 16 meses.

Pero su caso no es el peor, una vecina a la que ya desahuciaron de la vivienda, se ve obligada a pagar el alquiler de la habitación que ocupa con favores sexuales al propietario de la misma y no sabe como contarlo ni a quién pedir ayuda.

PREGUNTO:

  • ¿Dónde está la debida protección a la intimidad y a la dignidad de la persona cuando la vida corre de mesa en mesa subrayada de amarillo en un papel?
  • ¿Qué les pasa a las instituciones democráticas que no han actualizado los parámetros de evaluación y continúan aplicando los criterio de los años de bonanza económica?

Desde luego, no son los extranjeros, quienes impiden que las ayudas sociales lleguen a quien las necesita, son los gestores políticos quienes modifican los criterios, los que establecen las prioridades de gasto y de inversión pública y quienes deciden en qué gastar el dinero de nuestros impuestos, que a la vista está, no es el bienestar de la ciudadanía.

¿Hasta cuándo vamos a dejar impunes a quienes pisotean nuestros derechos? Porque es es consecuencia de mala gobernanza.

COLOFÓN:
La criminalización de los perceptores de subsidios por parte de Maroto encrespa el debate municipal

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